martes, 17 de junio de 2008

Cristóbal, Giles y el enrarecido ambiente

Adrián Rojas Muñoz
La Jornada Morelos, 17 de junio de 2008.

La tunda casi mortal propinada al ayudante municipal de San Antón, Cristóbal Martínez Robles, será un arma política capitalizable para los partidos de oposición y para quienes rechazan la construcción del relleno sanitario en Loma de Mejía. Con argumentos válidos, unos y otros se han pronunciado por el pronto y efectivo esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la definición de quién o quienes contrataron a los victimarios. La conclusión parece lógica para cualquiera con tres dedos de frente: el ataque está directamente ligado al activismo ya añejo de Martínez Robles en contra del centro de confinamiento de basura.Más aún, los afines a la víctima responsabilizaron de manera directa del hecho al edil de Cuernavaca, en una conclusión primaria tan evidente que por lo mismo aparece en el terreno de lo improbable.Por eso, el Cabildo de Cuernavaca aprobó cubrir los gastos médicos del ayudante municipal y se sumó al reclamo de una investigación a fondo por parte de la Procuraduría General de Justicia, tal como lo hizo también el PAN en el ámbito de sus directivas estatal y municipal, su gobierno estatal y su bancada en el Congreso, ésta mediante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside René Gabriel Pacheco Inclán.El PRI condenó la agresión y demandó justicia a través de su líder estatal, Guillermo del Valle, y el PRD fue más allá, pues se sumó a la manifestación de habitantes de San Antón y familiares de Cristóbal, por medio de su dirigente, Juan Ángel Flores, y los diputados de su bancada, liderados por Víctor Nájera Medina, para que posteriormente ocurriera un pronunciamiento directo de su dirigencia nacional mediante el presidente interino, Guadalupe Acosta Naranjo.Se trata de un escándalo de grandes proporciones que para el ayuntamiento pone en riesgo el proyecto más importante de la administración de Jesús Giles, para el PAN sus intereses electorales en la capital respecto de 2009 -y con ello los de 2012-, y para los cuernavacenses la solución al problema de la basura, que implica la posibilidad de una nueva crisis como la ocurrida en 2006, cuando la ciudad se vio inundada de desechos sólidos, focos de infección y aromas nauseabundos. En lo político, el hecho implica, en suma, un brete para el partido en el poder municipal, y como consecuencia natural una oportunidad para sus adversarios para alcanzar una meta que en lo general ya se han trazado de manera conjunta al menos tres partidos (PRI, PRD y PVEM): ir juntos a la contienda municipal para derrotar al blanquiazul.Sin embargo, es en lo social donde se advierte el mayor daño resultante de este ataque, pues siembra entre los ciudadanos una mayor percepción de inseguridad pública y temor al ejercicio de su libertad de expresión y su derecho a disentir de las posturas del poder público.Por ello, más allá de los reclamos de grupos de poder, el Ministerio Público está en la obligación de ofrecer resultados concretos de sus pesquisas y devolver la tranquilidad a una sociedad que reclama un respiro en medio de días que desearían olvidar, como los recientes, pues la anterior fue una semana de miedo: además del atentado ocurrieron cinco ejecuciones en Xochitepec, una más en Puente de Ixtla y en Ahuatepec, comunidad de Cuernavaca, apareció el cadáver de un director de carrera de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.El ambiente político social se ha enrarecido y es preocupante cuando nos encontramos a pocos meses de iniciar un proceso electoral en cuyo marco la intensidad de la lucha generalmente ofrece mayores sobresaltos a la ciudadanía.