martes, 8 de julio de 2008

Peligroso, oponerse al relleno sanitario en Loma de Mejía

Angélica Enciso L.
La Jornada, 8 de julio de 2008.

Cuernavaca, Mor., 7 de julio. Juan Gutiérrez Bernal habría cumplido 28 años el pasado 24 de junio, pero 11 días antes fue asesinado, presuntamente, por elementos policiacos en el paraje Los Cajetes, del ejido Santa María Ahuacatitlán. Su madre, María Bernal, tiene miedo, ya le mataron un hijo, otro está preso, y lo único que pide es que le regresen a éste con vida.
También la familia de Cristóbal Martínez, agente municipal de San Antón, tiene temor, después de la agresión que éste sufrió el 11 de junio y que por poco le hace perder un brazo. Sin embargo, todos guardan silencio. No quieren hablar más sobre lo ocurrido y piden a los periodistas que no relacionen estos hechos con el proyecto del relleno sanitario, planeado por el gobierno municipal panista en Loma de Mejía.
Desde que el plan se anunció, Martínez manifestó su oposición porque, de acuerdo con expertos, está sobre un acuífero que puede contaminarse. La familia Gutiérrez Bernal, a su vez, vive cerca de los accesos al sitio donde se construye el relleno sanitario. Allí, la presencia de elementos policiacos es mayor a partir de que, por el camino conocido como Subida a Chalma, se empezó a llevar maquinaria al lugar.
El 11 de junio a las 13 horas, al salir de una conferencia de prensa, Cristóbal Martínez y Bernardo Hernández abordaron una camioneta y en el trayecto fueron interceptados por un vehículo Commander sin placas, del cual bajaron cinco hombres armados con pistolas que se presentaron como elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y les pidieron que se identificaran. Cuando Cristóbal lo hizo le dijeron: “¡a ti te estábamos buscando!” y se lo llevaron.
José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos relata que a las 14 horas supieron que el agente municipal fue encontrado herido cerca de una entrada al relleno sanitario rumbo a la carretera Subida a Chalma. Cristóbal fue golpeado con un bate o un fierro en brazos, piernas y cabeza.
“En este caso no hay detenidos ni indiciados como presuntos responsables del intento de asesinato, y lejos de que se hubiera hecho una investigación a fondo se difunde que es un autoatentado y que Bernardo algo tiene que ver. Ahora tratan de voltear las cosas, porque éste también es un activista del movimiento”. Cristóbal se recupera en su casa, a cuyas puertas hay vigilancia policiaca, y dice que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe investigar y definir quiénes son los responsables.
Amnistía Internacional hizo un llamado sobre este caso el pasado 16 de junio, ya que estimó que “otros miembros de este grupo pueden correr peligro de sufrir ataques similares”.
Fueron a cazar conejos
Después de la avenida Subida a Chalma, comienza la carretera que conecta a esta ciudad con el estado de México. Ahí se encuentran dos accesos que conducen al sitio donde se construye el relleno sanitario, y más adelante está la entrada a la comunidad El Cebadal. Los ladridos de los perros dan el recibimiento a los visitantes. En silencio dos parientes de la familia Gutiérrez Bernal saludan. Aún hay flores del velorio y están encendidas las veladoras de los rosarios.
María Bernal dice que ya no quiere hablar de lo ocurrido. Le dijeron que se callara porque si seguía hablando su hijo Refugio, de 33 años, y su sobrino Sergio Gutiérrez González, presos en el Cen tro de Readaptación Social de Altacholoaya, no saldrán de prisión.
Relatos de ciudadanos del movimiento Subida a Chalma y de defensores de derechos humanos que conocieron los primeros testimonios, indican que el viernes 13 de junio, Sergio, Refugio, Juan y dos niños salieron a cazar conejos para comer, ya que en esta temporada se les encuentra con facilidad, y llevaban dos escopetas de municiones registradas en la Secretaría de la Defensa Nacional. Habían terminado su labor y estaban sentados en una camioneta pelando los animales, cuando llegaron elementos policiacos en camionetas y les empezaron a disparar.
Los niños pudieron escapar y buscaron a los parientes que estaban en sus casas; de inmediato todos se trasladaron al paraje Los Cajetes, pero elementos de la AFI les impidieron el paso e incluso Mauricio Chávez Gutiérrez fue golpeado. Los cuerpos policiacos se llevaron a los tres jóvenes y a las cuatro de la madrugada informaron a la familia que Juan había muerto: tenía dos orificios de bala.
En esos días en la zona, relata José Martínez, se vieron hasta 64 patrullas, y “aunque este suceso no tiene que ver directamente con el relleno, la mayor presencia policiaca es por este proyecto. La verdad es que ahí antes no había patrullas”.
Acusan a víctimas
La PGJE consignó a Refugio y a Sergio acusándolos de “homicidio en grado de tentativa, robo calificado y daño en propiedad privada” de acuerdo con las averiguaciones previas TX/3a/1432/ 08-06 y TC/3a/465/08-08.
Martínez indica que de acuerdo con este procedimiento, para las autoridades hubo homicidio en grado de tentativa en contra de los policías que los detuvieron en Los Cajetes, pero no hay ninguna investigación judicial sobre el asesinato de Juan.
Detalla que la primera acusación que se hizo a los campesinos fue por robo de ganado, después se dijo que secuestraron a un policía, lo cual nunca se comprobó, y ahora el juzgado quinto consideró que había elementos suficientes para dictarles auto de formal prisión, por lo que podrían pasar hasta 12 meses detenidos en la cárcel de Atlacholoaya hasta que se determine su estado procesal.