ELIZABETH CUEVAS VILLALOBOS La Jornada Morelos,
CUERNAVACA. Continua la represión y el hostigamiento hacia los vecinos del pueblo de San Antón que se oponen a la instalación del basurero en Loma de Mejía, denunció el representante de la comunidad, Pedro Salazar Hernández, quien ayer presentó una serie de inconformidades al procurador Francisco Coronato Rodríguez. Señaló que persiste el hostigamiento; “tuvimos la presencia de 300 granaderos, hay persecución contra los compañeros de subida a Chalma”. El representante vecinal dijo que se mantiene la presencia policial en la zona para resguardar los intereses privados, no los de la ciudadanía que defiende la contaminación de los mantos acuíferos. Explicó que la persecución policial puede palparse con la negativa del ayudante del Poblado de San Antón, Cristóbal Martínez, quien después de la agresión que sufriera el pasado 11 de junio, se niega a hablar sobre la construcción del relleno sanitario. Salazar Hernández pidió públicamente al fiscal que dé a conocer los avances de la investigación que se sigue por este caso. Lamentó que hasta el momento continúe la presencia policial en la zona, “defendiendo intereses privados en vez de estar cuidando a la ciudadanía”. Acusó que la Procuraduría protege la veracidad de los hechos en la investigación que se sigue contra los agresores de Cristóbal Martínez, “lo que nosotros exigimos es que haya avances importantes”, que se diga cuántas líneas de investigación hay y si es posible indagar el caso de El Cebadal. Coronato Rodríguez, entrevistado minutos antes de sostener una reunión con el ayudante de San Antón, Cristóbal Martínez y su defensa legal, señaló que ya se giraron los oficios de colaboración a la Procuraduría General de la República para que se disponga de las fotografías de los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y en su caso se pueda identificar a los presuntos responsables. Aseguró que la institución a su cargo realiza “lo que le corresponde, en la medida que el agraviado aporte los elementos necesarios y con ello se refrenda el compromiso de esclarecer los hechos y llegar hasta sus últimas consecuencias”. Admitió que la investigación en este caso avanza lenta, pero destacó que esto se debe a que en su momento, el propio Cristóbal Martínez no aportó elementos suficientes para el inicio de las investigaciones.
CUERNAVACA. Continua la represión y el hostigamiento hacia los vecinos del pueblo de San Antón que se oponen a la instalación del basurero en Loma de Mejía, denunció el representante de la comunidad, Pedro Salazar Hernández, quien ayer presentó una serie de inconformidades al procurador Francisco Coronato Rodríguez. Señaló que persiste el hostigamiento; “tuvimos la presencia de 300 granaderos, hay persecución contra los compañeros de subida a Chalma”. El representante vecinal dijo que se mantiene la presencia policial en la zona para resguardar los intereses privados, no los de la ciudadanía que defiende la contaminación de los mantos acuíferos. Explicó que la persecución policial puede palparse con la negativa del ayudante del Poblado de San Antón, Cristóbal Martínez, quien después de la agresión que sufriera el pasado 11 de junio, se niega a hablar sobre la construcción del relleno sanitario. Salazar Hernández pidió públicamente al fiscal que dé a conocer los avances de la investigación que se sigue por este caso. Lamentó que hasta el momento continúe la presencia policial en la zona, “defendiendo intereses privados en vez de estar cuidando a la ciudadanía”. Acusó que la Procuraduría protege la veracidad de los hechos en la investigación que se sigue contra los agresores de Cristóbal Martínez, “lo que nosotros exigimos es que haya avances importantes”, que se diga cuántas líneas de investigación hay y si es posible indagar el caso de El Cebadal. Coronato Rodríguez, entrevistado minutos antes de sostener una reunión con el ayudante de San Antón, Cristóbal Martínez y su defensa legal, señaló que ya se giraron los oficios de colaboración a la Procuraduría General de la República para que se disponga de las fotografías de los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones y en su caso se pueda identificar a los presuntos responsables. Aseguró que la institución a su cargo realiza “lo que le corresponde, en la medida que el agraviado aporte los elementos necesarios y con ello se refrenda el compromiso de esclarecer los hechos y llegar hasta sus últimas consecuencias”. Admitió que la investigación en este caso avanza lenta, pero destacó que esto se debe a que en su momento, el propio Cristóbal Martínez no aportó elementos suficientes para el inicio de las investigaciones.
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