Cuernavaca, Mor., 6 de julio. En Morelos, donde comunidades indígenas y habitantes han emprendido la defensa de sus recursos naturales ante el crecimiento de unidades habitacionales que acaparan el agua, los daños a la salud ocasionados por el tiradero a cielo abierto en Tetlama y por el proyecto del relleno sanitario en Loma de Mejía sobre un acuífero, la respuesta de los gobiernos panistas ha sido la criminalización de las luchas, la persecución policiaca y la represión.
Testimonios dados a La Jornada por dirigentes comunales y sociales, defensores de derechos humanos y científicos dan cuenta del clima represivo que se vive en la entidad, donde el simple hecho de repartir volantes o colocar una manta de protesta es causa de detención. A los luchadores ambientales la policía los arresta arbitrariamente, el gobierno estatal los liga con grupos radicales, descalifica el motivo de sus protestas y de manera anónima se corren versiones de que se trata de “ecoterroristas”.“El gobierno hace una criminalización de los movimientos sociales, encajona al máximo las movilizaciones en el marco jurídico, y los somete a toda clase de agresiones, juicios, órdenes de aprehensión y encarcelamiento; crece el número de detenidos y también las agresiones físicas”, señala José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Recuento de violencia
Los casos violentos más recientes están relacionados con el relleno sanitario proyectado en Loma de Mejía, en el ejido San Antón. El agente municipal de este lugar, Cristóbal Martínez, recibió el 11 de junio una golpiza que casi le hace perder un brazo y días después policías presuntamente asesinaron a un campesino de la comunidad El Cebadal y detuvieron a dos familiares de éste, quienes, a pesar de que no participan en ningún movimiento, sufrieron las consecuencias de la enorme presencia de uniformados en la zona a causa de la construcción del relleno, señala Martínez Cruz.El pasado 17 de junio, 295 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enviaron una carta al gobernador, Marco Antonio Adame, en la que expresan su preocupación por “el carácter que han tomado las discusiones en torno a Loma de Mejía y a la existencia de acusaciones injustificadas e irresponsables, como son la de ecoterrorismo o vinculación con grupos armados, tememos por la integridad física y moral de los investigadores y colaboradores que han participado en la elaboración y difusión del arbitraje del proyecto”.
Desastre ambiental
Aquí “hay una crisis socioambiental muy fuerte que se agudizó después del cierre del tiradero de Tetlama, lo cual ocasionó la acumulación de la basura en la ciudad por varias semanas. El movimiento creció; ya que Alpuyeca también fue afectada por la proliferación de contaminantes y hubo denuncias de un aumento notable de casos de cáncer”, indica el defensor de derechos humanos. A partir del cierre del tiradero y de los problemas para su disposición –actualmente los desechos se envían al estado de México– la lucha creció. Ya no era sólo la basura, sino la defensa del agua y la tierra ante el riesgo de contaminación por la proliferación de gasolinerías, debido a que durante el último año de gobierno de Sergio Estrada Cajigal se dieron cientos de permisos para esas instalaciones, aun en áreas donde hay manantiales. Al tiempo que esto ocurrió, también lo hizo la persecución a los movimientos sociales, explica. Se han hecho campañas de desprestigio, como un volante anónimo que apareció en las calles de esta ciudad en el que se señalaba a varios de los opositores al relleno sanitario de Loma de Mejía como “ecoterroristas”, entre ellos, además de Martínez Cruz, se mencionó a Raúl García, investigador de la UNAM; Cristóbal Martínez, el agente municipal agredido, el presidente municipal de Temixco, Javier Orihuela, y José Montes, del PRD municipal. Los 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra protegen el manantial Chihuahuita, que abastece a varias comunidades, entre ellas Xoxocotla, y con este recurso el gobierno prevé dar servicio a casi 50 mil nuevas viviendas construidas por las grandes inmobiliarias. Esto pone en riesgo la existencia del agua, porque sobre la cuenca que da vida a esa fuente, se planean construcciones que llevarán a su destrucción, indica Saúl Roque, vocero de este movimiento. En mayo de 2007, integrantes de los 13 pueblos –Xoxocotla, Tetecalitla, Tepetzingo, Tlaltizapán, San Miguel 30, Santa Rosa 30, Tetelpa, Benito Juárez, El Mirador, Acamilpa, Pueblo Nuevo, Temimilcingo y Huatecalco, de los municipios Puente de Ixtla, Emiliano Zapata, Zacatepec y Tlaltizapán– realizaban una marcha por la autopista y a la altura de Alpuyeca fueron detenidos por policías que golpearon a mujeres y niños, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron incluso a gente ajena a la protesta.
Asamblea comunal
Saúl Roque dice que “no ha habido cancelación de los proyectos y vemos el avance de esas obras en el entorno de nuestros manantiales”. Piden que se designe Área Natural Protegida los manantiales y su zona de amortiguamiento. Ya suman, dice, 60 comunidades en defensa de los recursos naturales y las decisiones se toman en la asamblea comunal.
“El gobierno, cada vez que se le complica la situación por las movilizaciones, dice que estamos conectados con grupos políticos, partidos políticos, el EPR, la APPO, San Salvador Atenco, no se qué más inventan para desprestigiarnos. Este movimiento surgió por una necesidad propia de las comunidades, nos regimos por las asambleas comunales”, explica con voz pausada y firme.
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