El Sol de Cuernavaca
Ciudad de México.- Sólo mediante el involucramiento de la sociedad civil en la atención de los problemas que afectan al medio ambiente se podrá garantizar una verdadera política de Estado en la materia, reconoció ayer el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Mateo Castillo Ceja.
El funcionario destacó que la participación de los diferentes grupos sociales en la construcción de la política ambiental del país es un derecho y requisito indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable, al ponerse en marcharse "VII Congreso Nacional sobre Áreas Protegidas de México", que se efectúa en San Luis Potosí.
La promoción de los derechos humanos ambientales y del derecho a un medio ambiente sano, explicó, es una de las mayores preocupaciones de la autoridad ambiental, que apoya la formación y fortalecimiento de diversos consejos consultivos y de expertos, como es el caso del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
A su vez, el titular de la Secretaría y Gestión Ambiental del Gobierno del estado, Alejandro José Nieto Caraveo, señaló la necesidad de abrir más espacios para la participación ciudadana, a efecto de que se involucre en la protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Dijo que para desarrollar los programas de manejo en Áreas Naturales Protegidas de San Luis Potosí, ha destacado la participación de todos los sectores sociales, incluidos grupos étnicos, ejidatarios, dueños de la tierra, autoridades municipales, estatales y federales.
Por su parte, Cristina Martin, asesora principal en Sociedad Civil del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-México, dijo que resulta fundamental construir mejores espacios dentro de los cuales la diversidad cultural y ética sea compatible con el mínimo consenso necesario para que los regímenes políticos funcionen de manera civil y democrática.
* Oportunidades
La funcionaria del PNUMA, sostuvo que es necesario el desarrollo de acciones que garanticen iguales oportunidades de acceso a los instrumentos culturales, de producción económica y de poder de las organizaciones sociales. "Requerimos el fortalecimiento de políticas públicas sensibles a las demandas de los ciudadanos y a mejorar los canales de cooperación entre los diferentes niveles de Gobierno y las agrupaciones que representan a distintos sectores de la población."
En su oportunidad, Alejandro Anguiano Contreras, presidente del Comisariado Ejidal de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, dijo que "los problemas de las comunidades indígenas que habitan en áreas protegidas son muchos, por lo que se requiere que la autoridad ambiental viva entre nosotros y conozca de cerca nuestras necesidades para ver de qué forma podemos sumarnos a la conservación".
En los talleres previos a la inauguración formal del Congreso participaron aproximadamente 300 personas, incluidos representantes de instituciones gubernamentales, académicas y científicas; organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales; sociedad civil, iniciativa privada, comunidades y ciudadanos involucrados en la conservación e investigación de las Áreas Protegidas.
Ciudad de México.- Sólo mediante el involucramiento de la sociedad civil en la atención de los problemas que afectan al medio ambiente se podrá garantizar una verdadera política de Estado en la materia, reconoció ayer el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Mateo Castillo Ceja.
El funcionario destacó que la participación de los diferentes grupos sociales en la construcción de la política ambiental del país es un derecho y requisito indispensable para alcanzar el desarrollo sustentable, al ponerse en marcharse "VII Congreso Nacional sobre Áreas Protegidas de México", que se efectúa en San Luis Potosí.
La promoción de los derechos humanos ambientales y del derecho a un medio ambiente sano, explicó, es una de las mayores preocupaciones de la autoridad ambiental, que apoya la formación y fortalecimiento de diversos consejos consultivos y de expertos, como es el caso del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
A su vez, el titular de la Secretaría y Gestión Ambiental del Gobierno del estado, Alejandro José Nieto Caraveo, señaló la necesidad de abrir más espacios para la participación ciudadana, a efecto de que se involucre en la protección, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Dijo que para desarrollar los programas de manejo en Áreas Naturales Protegidas de San Luis Potosí, ha destacado la participación de todos los sectores sociales, incluidos grupos étnicos, ejidatarios, dueños de la tierra, autoridades municipales, estatales y federales.
Por su parte, Cristina Martin, asesora principal en Sociedad Civil del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-México, dijo que resulta fundamental construir mejores espacios dentro de los cuales la diversidad cultural y ética sea compatible con el mínimo consenso necesario para que los regímenes políticos funcionen de manera civil y democrática.
* Oportunidades
La funcionaria del PNUMA, sostuvo que es necesario el desarrollo de acciones que garanticen iguales oportunidades de acceso a los instrumentos culturales, de producción económica y de poder de las organizaciones sociales. "Requerimos el fortalecimiento de políticas públicas sensibles a las demandas de los ciudadanos y a mejorar los canales de cooperación entre los diferentes niveles de Gobierno y las agrupaciones que representan a distintos sectores de la población."
En su oportunidad, Alejandro Anguiano Contreras, presidente del Comisariado Ejidal de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, dijo que "los problemas de las comunidades indígenas que habitan en áreas protegidas son muchos, por lo que se requiere que la autoridad ambiental viva entre nosotros y conozca de cerca nuestras necesidades para ver de qué forma podemos sumarnos a la conservación".
En los talleres previos a la inauguración formal del Congreso participaron aproximadamente 300 personas, incluidos representantes de instituciones gubernamentales, académicas y científicas; organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales; sociedad civil, iniciativa privada, comunidades y ciudadanos involucrados en la conservación e investigación de las Áreas Protegidas.
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